La ayuda a domicilio, otra vuelta de tuerca en la explotación de las mujeres trabajadoras

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio entregadas por las Administraciones Públicas a la explotación de las empresas privadas

Hasta ahora los cuidados no remunerados (el cuidado de los niños y niñas y hombres adultos, ancianas, enfermos, etc.) han sido históricamente los que han permitido sostener la vida día a día y han funcionado como “la mano invisible de la vida cotidiana”.

En el capitalismo tardío una parte de esos cuidados se ha confiado al Mercado y nuevamente han sido las mujeres las elegidas para su desempeño, aumentando así la explotación de las más desprotegidas: las trabajadoras inmigrantes o las empobrecidas por la crisis.

Hoy queremos visibilizar la mano del Estado (administraciones públicas) en ayuda del Mercado (empresas) manifiesta en el ámbito de la Ayuda a Domicilio en nuestra provincia. Las políticas neoliberales, también llamadas de capitalismo salvaje, se caracterizan por aplicar medidas económicas de reducción del gasto social. Una de las fórmulas es la privatización de los servicios públicos que en las viejas aspiraciones de los Estados de Bienestar eran prestados por las Administraciones asistiendo con un “salario social” indirecto al desigual reparto de la riqueza de la sociedad capitalista. Y ya todas sabemos lo que ha ido pasando con la gestión del transporte público, el agua, los conciertos en sanidad y educación…

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un servicio social asistencial con que las administraciones planificaron la atención a una población envejecida y en aumento en nuestra sociedad.

El plan se integra en la Ley de Dependencia de 2006 y la competencia para su aplicación incumbe a las instituciones autonómicas, en nuestro caso la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales.

De la gestión, es decir de la ejecución del servicio, se encarga a nivel provincial la Diputación y en cada localidad el Ayuntamiento. Algunos ayuntamientos, los menos, mantienen la gestión municipalizada pero en la Diputación y los Ayuntamientos de las ciudades más importantes el servicio se ha privatizado. Se ha desplazado su gestión desde los correspondientes órganos de Bienestar Social a las empresas concesionarias mediante procedimientos de adjudicación aprobados en los ayuntamientos o la Diputación.

El objetivo de cualquier empresa es la ganancia y a él se supedita la calidad de la prestación incluso cuando se trata de atención a personas dependientes.

Las empresas adjudicatarias (algunas recicladas del sector del ladrillo) están agrupadas en la Federación Empresarial de Atención a las Dependencia (FEADE). En nuestra provincia operan Valoriza Facilities en León ciudad, Carflor en Villaquilambre y Zona Oeste, Clece-Begar en el Este y Clece en El Bierzo. Son empresas de servicios que basan su beneficio en la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado a sus trabajadoras -95 a 99% mujeres-. Alrededor de 1.000 en la provincia: 130 en León ciudad, 42 en San Andrés del Rabanedo. unas 500 en El Bierzo… que prestan servicio a unas 2.500 personas en la provincia.

Entre los CEAS y la empresa acuerdan el horario de servicio a cada usuari@ que puede ser desde media hora a una o dos horas. Al respecto la queja unánime de l@s usuari@s es que el tiempo de atención es muy corto. L@s usuari@s son atendid@s en régimen de copago, en un porcentaje que depende de informes del Catastro, Hacienda y la Seguridad Social y que ya se está incrementando en algunos ayuntamientos.

Las condiciones laborales de las trabajadoras están reguladas por el III Convenio Colectivo Regional, de enero de 2010, que legaliza su situación de precariedad.

El convenio establece un total de 36 horas semanales pero, la contratación a tiempo parcial supera el 80% y más de la mitad no llega a las 18 horas semanales. Por sistema la empresa prefiere aumentar el número de contratos y no el número de horas asignadas a cada trabajadora.

Para la jornada máxima de 36 horas, el salario establecido es de 792 € netos al mes.

La hora de trabajo es de 55 minutos, algo irreal por desajustado a la necesidad real de un cuidado humano. Y esos 5 minutos para el desplazamiento entre domicilios abocan a una permanente exposición a situaciones de estrés y de accidentes. Esta premura de tiempo aumenta este riesgo laboral en el medio rural.

Normalmente no se respetan las 48 horas de descanso continuado que regula el Convenio.

El vigente Convenio consiguió un aumento salarial de 0,8% para 2010, pero no recogió la demanda de las trabajadoras de un tiempo de descanso de 20 minutos cada 6 horas de trabajo, ni la retirada de “la bolsa de horas”, la deuda de cada trabajadora a la empresa de las horas no trabajadas por ausencia de l@s usuari@s en sus domicilios. En el Convenio no se incluye ningún artículo sobre conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres trabajadoras, ni sobre salud laboral, aunque la Ley de Dependencia en la que se aloja haya salido del Ministerio de Sanidad y Política Social. Y estamos ante mujeres que viven situaciones de gran tensión, por la escasez de recursos en sus familias, muchas de ellas inmigrantes, y en consecuencia la mayor acumulación de preocupaciones y porque su trabajo de atención a mayores con problemas de movilidad y enfermos, en la mayoría de los casos, lo realizan en solitario con gran exposición emocional y física.

La organización del trabajo es parte del plan empresarial de dificultar el encuentro entre las trabajadoras para poder articular sus relaciones entre compañeras, hablar de sus problemas en el ejercicio de su trabajo y sus demandas de mejora.

Tampoco han sido respaldadas en sus demandas por las direcciones de los sindicatos mayoritarios en los que están afiliadas, que, por el contrario, han actuado aumentando su inseguridad ante el miedo a la pérdida del puesto de trabajo y, consecuentemente, dividiéndolas.

Hay una voluntad de invisibilizar a estas mujeres, ya que no hay un reconocimiento profesional de su trabajo y ante la población se ocultan sus contribuciones para atender las necesidades sociales actuales, que contrasta con la exhibición del supuesto carácter social del que presumen nuestras administraciones.

Como mujeres trabajadoras denunciamos la gestión patriarcal y capitalista de las administraciones, desde la Diputación hasta el Ayuntamiento de León, que para reducir sus gastos sociales ceden la gestión de servicios sociales básicos para la población, en este caso el cuidado de las personas dependientes, a las empresas y se desentienden de las condiciones laborales que éstas imponen a sus trabajadoras, incurriendo además en la contradicción de que una Ley supuestamente destinada a aliviar el trabajo de las mujeres cuidadoras, mercantiliza el cuidado y lo sigue manteniendo dentro del género femenino.

RAM – Red de Apoyo Mutuo reddeapoyomutuoleon@gmail.com