IPES, 23 años después: Arribes del Duero, Parque Natural escudo del cementerio nuclear

Ha vuelto a la actualidad el almacén de residuos radiactivos. Varios municipios se disputan su emplazamiento -de momento, ninguno en Salamanca-. Esta circunstancia trae a la memoria la lucha que Las Arribes del Duero realizaron allá por el mes de abril de 1987 contra la instalación de un laboratorio nuclear (IPES) en Aldeadávila de la Ribera -previo a la ubicación de un cementerio de residuos radioactivos-. SALAMANCA24HORAS recuerda aquella época y aquellos acontecimientos, en dos reportajes, que marcaron para siempre a la comarca de Vitigudino
30/01/2010
Niños portando una pancarta en Aldeadávila.
En el desarrollo de los acontecimientos diferenciaremos varios apartados que desgranaremos en dos artículos. En el primero, haremos una introducción y explicaremos en qué consistía el proyecto IPES a instalar en Aldeadávila de la Ribera. En la segunda parte del reportaje hablaremos de aquellos ocho convulsos meses que agitaron la zona, principalmente en aquel mes de abril de 1987, el desarrollo político a que condujo toda aquella movilización y, finalmente, en qué quedó aquella gran protesta que marcó definitivamente el devenir político, social y económico de esa zona, convirtiéndola en una de las más empobrecidas de la recién estrenada por entonces Unión Europea.

A modo de introducción

La noticia sobre la posibilidad de que Las Arribes del Duero pudieran albergar un cementerio nuclear no pasó desapercibida para la mayoría de los habitantes y los alcaldes de la zona, en especial para aquellos que cobraron cierto protagonismo después de que a últimos de 1986 saltara la noticia sobre el enclave de un laboratorio para el estudio de residuos radiactivos (IPES) en esta zona, concretamente en Aldeadávila de la Ribera, y que tras veinte años de aquel histórico episodio para los habitantes de Las Arribes, algunos de aquellos dirigentes aún permanecen como responsables municipales. Son los casos de Pedro Pérez Blanco -con claro protagonismo en el intento de 'secuestro' de un diputado nacional en Vitigudino-, y del recién retirado ex alcalde de La Fregeneda Bernardo Santos -personaje clave en los hechos políticos que iremos relatando y, a la sazón, portavoz de la coordinadora de alcaldes en aquella época-.

Por entonces, la provincia de Salamanca acogía ya otras industrias nucleares, como eran las minas de uranio de Saelices el Chico desde 1975 y la vecina fábrica de combustibles del uranio en Juzbado, desde 1985. Esta última instalación ya había movilizado a miles de ciudadanos en su contra, con el Comité Antinuclear de Salamanca -CAS- (eje sobre el que giró todo el movimiento posterior) al frente que, además de oponerse a la planta de Juzbado, de paso había anunciado ya el temor a un almacén de residuos nucleares en esta fábrica. Con todo ello, y sumando toda la información que iba suministrando el CAS, no hubo más que prender la mecha por los pueblos de Las Arribes que, no sin cierta crispación por el estado de abandono en que vivían, hicieron piña vecinal y comarcal ante un hecho que se tomaba como ingerencia y aún más olvido.

Pero la 'chispa' definitiva que provocó el incendido social llegó de Portugal, no sin antes prenderla Nicolás Martín Sosa, quien el 1 de febrero de 1987 publicaba un artículo explosivo en 'El Adelanto': '¿Cementerios radioactivos para Salamanca?'. No obstante, repito, serían los medios de comunicación portugueses quienes el 17 de febrero de aquel año informaban del proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterráneo) y, la dinamita, "su posible instalación en la frontera española con Portugal".

A partir de ese momento entró en funcionamiento toda la máquina movilizadora y propagandística del Comité Antinuclear de Salamanca que vio en esta comarca periférica y deprimida la espita de sus pretensiones. A todo ello se sumaron grupos de personas influyentes en los pueblos, como fue el caso del párroco de Villarino de los Aires y otros pueblos vecinos Emiliano de Tapia, así como maestros, estudiantes, ganaderos y agricultores, que integraron la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero. Y, cómo no, llegó el oportunismo político que bien lo supo utilizar por entonces Alianza Popular (AP) en contra de los socialistas que gobernaban en Madrid, Valladolid, Salamanca capital y la Diputación Provincial, así como en una gran mayoría de municipios de Las Arribes del Duero o, en al menos, los más grandes. Todo ello tuvo su máxima expresión de crispación y tensión con la retención en el Ayuntamiento de Aldeadávila del vicepresidente de la Diputación de Salamanca Luis Calvo Rengel durante 30 largas horas.

Qué era el proyecto IPES

El proyecto Instalación Piloto Experimental Subterráneo (IPES) fue aprobado por la Comunidad Económica Europea, entonces CEE, en diciembre de 1986. Este proyecto se enmarcaba dentro del interés europeo por investigar el comportamiento de los residuos de alta actividad -nucleares- en los diversos tipos de suelo, con el fin de buscar una solución definitiva al complejo problema de los residuos radiactivos en una época en que la energía nuclear aún estaba poco cuestionada.

En el caso concreto de Las Arribes del Duero salmantinas, el proyecto IPES buscaba investigar en las formaciones graníticas, como también se había investigado en las de tipo salino en Asse (Alemania) y en las arcillas de Moi (Bélgica). Y el túnel de la central eléctrica de Iberduero en Aldeadávila, excavado en pura roca granítica, era el lugar ideal para que Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos) realizase sus investigaciones en el subsuelo de las rocas graníticas de Las Arribes, con cortes de hasta 700 metros realizados por el Duero que, sobre todo, facilitaba los trabajos a profundidad y, según los geográfos, era una zona de muy baja actividad sísmica y tectónica -condicionantes, por cierto, que también exigen ahora para la instalación del cementerio nuclear-.

Pero no fue menos cierto que nunca lo dejó entrever Enresa y fue el arma utilizada para la movilización, ya que ese proyecto de laboratorio tenía como fin último la ubicación de un cementerio para residuos de alta actividad radioactiva, a lo que se sumó una nefasta información de la empresa y del partido gobernante y graves 'meteduras de pata' de dirigentes socialistas regionales como Juan José Laborda.

A este respecto, no conviene olvidar la postura de 'distanciamiento' calculado de Iberduero -propietaria de los terrenos- con respecto a la instalación del proyecto. Pero es que Iberduero estaba implicado en el mismo desde el primer instante en que Enresa, en febrero de 1986, le solicita información topográfica y geográfica de esos terrenos. Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo entre Enresa, Gobierno regional, Ministerio de Industria e Iberduero tras la celebración de varias reuniones, no es menos cierto que el Ministerio de Industria ya disponía de un borrador del contrato entre Enresa e Iberduero -como se ha sabido después- por el cual la eléctrica permitía a Enresa la realización de los estudios en profundidad en esa zona de Las Arribes.

Pero todo dio un giro radical -cuando parecía lo contrario, ya que las posturas del Gobierno Central defendidas por el Gobierno Civil y la empresa se endurecían y todo seguiría para adelante- en octubre de 1987, con la cercanía de la visita del presidente de la República portuguesa a Madrid y, además, también estaba convocada una gran manifestación en la capital del Estado para el domingo, 19 de octubre, que se celebró, no con el éxito esperado en un inicio y en la que desapareció un vecino de Villarino de los Aires, perdido en el metro de Madrid y encontrado al día siguiente muerto por un atropello en la carretera de Extremadura.

Así, el Consejo de Ministros del viernes, 16 de octubre de 1987, aprobó el Plan de Residuos Radioactivos, en el que se definía la estrategia y soluciones aplicables a la gestión de estos residuos para garantizar la protección de las personas y del medio ambiente.

En este sentido -y ahora adquiere rabiosa actualidad- para el sector eléctrico se preveía la aplicación de una cuota sobre la facturación por venta de energía eléctrica (1,4% para 1987) y para los restantes productores de residuos se realizaría una facturación por los servicios que se prestaran. Cabe recordar que el volumen total de residuos a gestionar en el plazo de vigencia del Plan (1987- 2037) era de 275.600 metros cúbicos de baja y media radiactividad, y 5.377 de alta actividad. El coste estimado de la gestión se situaba entre los 650.000 y 750.000 millones de las antiguas pesetas (más de 3.910 millones de euros), a lo largo de los cuarenta años de vida de dicho plan.

Pero lo principal para Las Arribes del Duero fue que el entonces portavoz del Gobierno, Javier Solana, anunció que el Gobierno desechaba el proyecto de instalar en Aldeadávila de la Ribera un laboratorio de investigación sobre residuos radioactivos.

El Parque Natural Arribes del Duero, clave en este proceso

Después de tantos años, 23, y tras muchas contradicciones en la zona contra la declaración del parque natural Arribes del Duero -muchos de los alcaldes que en su momento se mostraron contrarios al IPES también lo fueron al parque natural- conviene destacar un documento de trabajo denominado 'Fase AFA. Criterios de selección. Rangos establecidos' (una especie de norma que sirve para designar tanto a los candidatos en esta fase como al finalmente elegido), en que se indica que el cementerio nuclear del siglo XXI deberá seleccionarse por razones geológicas como tipo, tamaño y calidad adecuados de la roca, baja sismicidad del terreno, ausencia de fallas o lejanía de grandes acuíferos, pero también por otras muchas de carácter socioeconómico: escaso número de habitantes, baja densidad de población, pocos aprovechamientos agrícolas, carencia de riquezas mineras, larga distancia con respecto a los grandes núcleos de población, AUSENCIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS y escasez de infraestructuras poco compatibles con un AGP y que van desde líneas férreas a instalaciones militares o pasillos aéreos.

Según la resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publicada el 29 de diciembre de 2009 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a partir del día siguiente, los municipios interesados, que podrán concurrir de forma individual o conjunta, dispondrán de un mes para presentarse candidatos -el plazo finaliza hoy, 30 de enero de 2010- y, el que resulte elegido de esta convocatoria pública recibirá una financiación de 6.000.000 euros anuales, cantidad que empezaría a ser cobrada por el municipio o municipios del emplazamiento una vez comience el almacenamiento de combustible.

Serán consideradas zonas "NO APTAS" las que formen parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Red Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS).

http://www.salamanca24horas.com/noticias/ipes-23-anos-despues-arribes-del-duero-parque-natural-escudo-del-cementerio-nuclear-20408.html

Tras ocho meses convulsos, las gentes de Las Arribes del Duero y de la comarca de Vitigudino volvieron a sus tareas, sus fiestas y su historia. Una historia que quedó marcada para siempre y que, tras 23 años, aquí nada ha cambiado, tan sólo los pueblos que, en su mayoría, se mueren en el olvido y la despoblación. Eso sí, entonces mostraron que el pueblo tiene fuerza suficiente para defender el derecho a vivir dignamente en su tierra. Pero vayamos con la historia de aquellos meses.

Recordamos el origen del conflicto que surgió el 1 de febrero de 1987, cuando Nicolás Martín Sosa publica el artículo '¿Cementerios radioactivos para Salamanca?'. Pero serían los medios de comunicación portugueses quienes el 17 de febrero informan del proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterráneo) y "su posible instalación en la frontera española con Portugal".

Desde ese preciso momento comienzan a organizarse las protestas desde tres actores diferentes: En primer lugar, la Coordinadora Antinuclear de Salamanca (CAS), encargada de ofrecer la información en los medios de comunicación y en los pueblos, por donde viajaba con un documental sobre la energía nuclear. Todo ello en tres importantes meses de movilización (febrero, marzo y abril de 1987) que caló muy hondo en las gentes de los pueblos de la comarca de Vitigudino.

En segundo lugar, de todo eso proceso informativo nace el 13 de marzo de 1987 la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero -eje principal canalizador de todo el movimiento popular-, integrada por vecinos de todos los pueblos y asociaciones culturales que en aquella época florecían por los municipios, como Escuelas Campesinas con Emiliano de Tapia a la cabeza. Y, por último, la Coordinadora de Municipios que promovía acciones de apoyo desde los ayuntamientos e integrada por los alcaldes, con Bernardo Santos, alcalde de La Fregeneda por Alianza Popular, a la cabeza como portavoz, y algunos tan 'especiales' como Pedro Pérez Blanco, alcalde de Vitigudino. Esta coordinadora de municipios tuvo también papel esencial al negarse a negociar con Enresa y con el Gobierno regional (en aquellos momentos en manos del PSOE) y que en cuestión de semanas pasó de 30 a más de 200 municipios los que la integraban.

Toda esta ebullición se convirtió en crispación por los pueblos que vieron alterada su vida de manera vertiginosa con actos reivindicativos reflejados en pancartas, muñecos colgados de farolas, asambleas populares, pintadas, acampadas y manifestaciones locales. Tal fue así que el primer acto y que marcó todo el proceso posterior y su repercusión nacional surgió de un ejercicio momentáneo de crispación social. Toda la carga de violencia que se vivía por los pueblos tuvo su epicentro en Aldeadávila de la Ribera con la retención en el Ayuntamiento aldeaviluco del vicepresidente de la Diputación Luis Calvo Rengel y del alcalde socialista Julián Mata.

Alrededor de las siete de la tarde del jueves 2 de abril de 1987, Luis Calvo Rengel visita Aldeadávila de la Ribera para, según sus palabras, "informar" sobre la instalación del laboratorio de análisis de residuos radioactivos. A esa hora, vecinos de este municipio y de otros pueblos de la zona secuestran al diputado provincial y al alcalde encerrándolos en el Ayuntamiento. La pretensión de los vecinos era que se comprometiesen por escrito a rechazar el proyecto IPES. La noche del jueves al viernes se hace larga y tensa. Comienzan a circular diversos rumores por los pueblos, muchos de ellos infundados o interesados, sobre la llegada de los GEO y, así, se levantan barricadas en las carreteras de acceso a Aldeádavila, como en Masueco que se hizo con materiales de construcción. En Vitigudino, con la arenga del alcalde mencionado, también se levantan barricadas en los accesos a la villa y los comercios se mantienen cerrados. La noche es tensa con gentes de los pueblos que van llegando a Aldeadávila de la Ribera según se va conociendo la noticia. Por la mañana llegan autobuses fletados de todos los pueblos -ahí tenía su acción la Coordinadora de Municipios- y se celebra una manifestación por el pueblo, con casi 2.000 personas en la misma, mientras dentro de la Casa Consistorial proseguían secuestrados el diputado y el alcalde.

El Gobierno Civil, con Francisco Javier Rodríguez como gobernador, entraba en acción y se preparaba la liberación por las Fuerzas de Orden Público. Mientras, la Guardia Civil permanecía durante todo este tiempo que duró el secuestro (30 horas) en estado de alerta y posicionándose en los lugares estratégicos para que avanzasen las fuerzas de Policía.

Caía la tarde del viernes, el frío era insoportable y se montaron fogatas por el pueblo cuando entraba la noche acompañada de algunos copos de nieve. Los ánimos estaban a flor de piel y, sin aviso, se presentaron en la Plaza del pueblo varias furgonetas de la Policía Nacional, con su Grupo Especial de Operaciones, acompañadas por algunas otras de la Guardia Civil tras romper las barreras que impedían el paso hacia Aldeadávila. A la 1.40 horas de la madrugada se produce el rescate, tenso aunque pacífico, aunque algún periodista resulta lesionado durante la entrada de los cuerpos especiales en el Ayuntamiento forzando las puerta a golpe de macheta. Subieron hasta el despacho del alcalde, donde se encontraba retenido Calvo Rengel y, entre gritos en contra de la liberación, lo sacan escoltado del Ayuntamiento para trasladarlo a algún lugar fuera de la comarca. Son las dos menos veinte de la madrugada y muchos vecinos están en vigilia y hacen sonar las campanas.

Inmediatamente después, en la plaza de Aldeadávila y en las inmediaciones de la misma comienzan a registrarse enfrentamientos entre los vecinos y las Fuerzas de Orden Público. Algunos lugareños toman barras y palos, ante lo cual las fuerzas de seguridad utilizaron medios antidisturbios para disolver a los grupos de vecinos y, por cierto, realizaron algunos disparos.

Pero ahí no quedaron los hechos. En la noche del miércoles 29 de abril de 1987 la noticia se trasladaba a Vitigudino, donde un millar de vecinos, espoleados por el primer edil, intentó retener al diputado Ciriaco de Vicente. Estos vecinos, que venían ya incendiados, rodearon la casa del diputado provincial José Antonio Pérez Blanco, al que Ciriaco de Vicente había visitado, creyendo que el diputado socialista todavía estaba en el interior. De Vicente había abandonado la vivienda minutos antes de la concentración, saliendo por una de las puertas traseras del taller de coches, y abandonó la villa vitigudinense.

Estos vecinos seguían arengados y comenzaron a lanzar piedras contra la puerta y varios petardos contra las ventanas, sin saber o no querían saber que el diputado ya no estaba dentro. La concentración se disolvió cuando el capitán de la Guardia Civil y un miembro de la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero entraron en la casa y comprobaron la realidad, que Ciriaco de Vicente no estaba ya en ella, ya que se había dirigido acompañado de José Antonio Pérez Blanco hasta otro pueblo para preparar una candidatura para las elecciones municipales próximas y fue allí donde advirtió que una rueda de su coche se encontraba pinchada.

La concentración de Aldeadávia y la manifestación de Salamanca

Coincidiendo con el aniversario de la catástrofe nuclear de Chernovil, para el 26 de abril de 1987, domingo, todas las coordinadoras convocan una concentración en Aldeadávila de la Ribera que fue todo "un verdadero rito de identidad de la comarca", comentó un columnista por entonces. Asistieron más de 15.000 personas en el paraje de El Sierro, con arengas, proclamas, ventas de propaganda y autobuses pagados por los ayuntamientos de AP y UCD.

Por estos días, 300 vecinos de Yecla de Yeltes encadenaban simbólicamente a su alcalde a la puerta del Juzgado de Vitigudino. De esta manera, junto a otras 2.000 personas que se les juntaron, impidieron que el alcalde Eduardo Hernández prestara declaración ante el juez de Vitigudino por los sucesos que concluyeron con la expulsión de varios técnicos de Iberduero y Adaro, que realizaban prospecciones en el municipio y a quienes implicaron erroneámente en el proyecto IPES.

Y con todas esto llega la gran manifestación de Salamanca, el domingo, 17 de mayo de 1987, que resultó el colofón de toda la labor desplegada en las fechas anteriores con la asistencia de más de 20.000 personas.

Llegan las elecciones que marcarían el presente y el futuro de la zona

Con todo este estado de crispación en la comarca de Vitigudino llegan las elecciones municipales y regionales del 10 de junio de 1987. Unas elecciones que tendrían una gran trascendencia para esta zona y que no se han analizado en toda su profundidad por lo que supusieron para el futuro de estos pueblos.

Y en eso tuvo que ver mucho la decisión de la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero que no dio el paso adelante, como sugerían muchos de sus integrantes y vecinos, para reconducir la vida política, social y económica de los pueblos y presentar candidaturas a los ayuntamientos. Fue un error esta decisión, visto desde el paso del tiempo, ya que tomó la decisión de pedir a los candidatos un compromiso personal de dimisión en caso de que se instalara el cementerio nuclear dejando libertad de voto municipal a los vecinos y pidió que se depositara un voto 'no nuclear' en las autonómicas y europeas. Pero este voto no fue más que simbólico y valió para difuminar algo la incidencia de AP que no fue capaz de rentabilizar los errores socialistas en las elecciones regionales y europeas. Pero en las municipales, fue otro cantar.

El PSOE perdió toda su influencia en la comarca, que era mucha, y pasó a manos de AP -refundida luego en PP- y del CDS. Es que Alianza Popular, con algunos alcaldes a la cabeza, se apostaron no tanto contra el IPES sino para conseguir el poder comarcal y provincial. Para ello no realizó grandes elocuencias políticas mientras se producían todos los acontecimientos, sino más bien arengar a las gentes contra los socialistas que gobernaban. Tampoco se puede olvidar que meses después de finalizar las elecciones y las protestas, ya con el poder en Valladolid en coalición con el CDS, en la Diputación y en los ayuntamientos de la comarca, los conservadores iniciaron una 'cruzada' contra los antinucleares, sobre todo contra los dirigentes de la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero y la Coordinadora Antinuclear de Salamanca.

Como resumen a todo ello, la comarca de Vitigudino tuvo en sus manos darle la vuelta a todo el panorama desolador de abandono, dejadez y olvido por las administraciones. El movimiento ciudadano que emergió contra el IPES no fue canalizado por los agentes sociales que fueron los verdaderos artífices, sino por políticos conservadores que se erigieron como los dirigentes que debían dirigir al pueblo y lo silenciaron, anestesiaron y pusieron en manos de otras administraciones y dirigentes lejanos. De todo aquello llega la situación actual y que cada uno la interprete como quiera, sepa y pueda. Pero a 23 años de aquello, no cabe la menor duda que la decisión de la Coordinadora Antinuclear del Bajo Duero de no ser valiente y dar el paso al frente fue un craso error que los pueblos y sus vecinos aún pagan en nuestros días.